Los ‘pactos de Estado’ son una de esas grandes entelequias que tiene la política española, y que son grandes conceptos que suenan muy bien, y que por tanto todo el mundo se apunta, pero que
en realidad no significan nada.
¿Que significaría en estos momentos un pacto de Estado para superar la crisis? ¿Ques se van a tomar medidas consensuadas contra la crisis? ¿O que el Partido Popular no podría hacer oposición sobre lo
relacionado de la crisis, para no ser partidistas?
Si estamos en el primer supuesto sería asumir que PP y PSOE no se diferencian en nada. Asumir que ambos partidos tienen las mismas recetas en materia económica es devaluar la pluralidad ideológica del sistema de partidos ¿Es posible que PP y PSOE se pongan de acuerdo en la necesidad de ‘flexibilizar’ el mercado de trabajo? ¿Puede haber consenso en reducir el déficit a base de recortar prestaciones? Podría haberlo, pero sería desnaturalizar la esencia de la democracia: poder elegir entre la diversidad.
Por otro lado, pedir al Partido Popular que no haga oposición en la principal preocupación de los españoles es absurdo.
Y como buena entelequia tiene un referente mítico que la justifica: los pactos de la Moncloa, unos pactos que en modo alguno se pueden trasponer al momento actual (entre otros acuerdos comprendían la eliminación de la censura previa a la prensa, la libertad de sindicación, reforma de la administración tributaria -prácticamenteinexistente- ).
Durante los últimos años se han multiplicado en España los casos de corrupción relacionados con políticas urbanísticas. Las imputaciones afectan tanto a cargos del PP, PSOE e IU como a miembros de otros partidos autonómicos y locales. Entre todos los casos investigados judicialmente destaca el llamado Caso Malaya. Caso Malaya es el nombre que recibe una operación contra la corrupción urbanística en España, dirigida por el juez Miguel Ángel Torres Segura y la Fiscalía Anticorrupción, cuyas primeras investigaciones se remontan a noviembre de 2005 y que en la actualidad está desarrollando su tercera fase. Tiene como objetivo destapar un entramado de asociaciones que encubre numerosas actividades delictivas (cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, etc.) llevadas a cabo, entre otros, por dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, importantes empresarios y abogados. Este caso abrió el camino para una sucesión casi ininterrumpida de investigaciones sobre otros posibles casos en decenas de ayuntamientos españoles.